.El Senado mexicano aprueban el gravamen a productos provenientes de asia que no tengan acuerdo comercial, con ello se confirma un 50% de aranceles para autos chinos
Lo que parece una medida para satisfacer a Estados Unidos frente el próximo acuerdo de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de nuestro país, toma en definitiva un giro que afectará directamente a las marcas asiáticas sin acuerdo comercial o planta productora; se confima de este modo un gravamen de 50% de aranceles para autos chinos que se venden en México.
Lo que comenzó como una propuesta para proteger la industria local terminó convertido en una política de impacto profundo sobre las importaciones provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales vigentes, entre ellos China.
Estas tarifas pueden alcanzar hasta 50% en algunos casos, aunque en la mayoría de las categorías rondarán niveles menores. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, eleva o impone aranceles sobre más de 1,400 líneas de productos importados, incluyendo autos, autopartes, electrónicos, textiles, plásticos y siderurgia.
Aunque el discurso oficial habla de fortalecer la producción nacional y equilibrar desequilibrios comerciales, muchos analistas insisten es que responde a un momento de tensiones globales con China y en cuando Washington parece influir y presionar para reducir la presencia o influencia de industrias asiáticas en su mercado.
El escenario parece complicarse entonces para las ya decenas de marcas chinas que han visto en nuestro país una oportunidad comercial muy importante, pues sus productos que se consideraban sumamente atractivos por su precio frente a las marcas digamos “tradicionales” pudieran volverse mucho más costosos frente a modelos con origen estadounidense o ante países con tratados comerciales.
La reacción internacional no se hizo esperar: Pekín calificó la decisión como un mecanismo proteccionista que amenaza las reglas del comercio global, y otras naciones asiáticas cuyos bienes se verán impactados observan con cautela cómo se materializa una política que, en el fondo, cambia la arquitectura de los flujos comerciales sin la firma de nuevos tratados.
Dentro de México, el debate está servido. Defensores de la reforma sostienen que la mayor carga arancelaria es una herramienta legítima de defensa económica. Pero críticos —economistas, empresarios y parte del sector automotriz— advierten que, más allá de una simple «concesión diplomática», el ajuste podría traducirse en costos más altos para las cadenas productivas y para los consumidores, además de generar distorsiones en sectores donde no existen opciones locales fácilmente sustitutas.
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